La destitución de Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá, ordenada en 2009 por el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le salió cara al país después de más de 10 años.

Sí. Lo anterior a raíz de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del congresista, al que, según el tribunal, el Ministerio Público le violó sus derechos políticos.

En pocas palabras, por esa decisión polémica de Ordóñez, quien ahora es Embajador ante la OEA, le va a costar un dineral a la Nación. Además, deberá restablecer los derechos de Gustavo Petro.

Lo anterior fue divulgado en primicia este martes por el diario El Tiempo, medio que conoció la sentencia de la Corte internacional.

Recordemos que, Petro, también fue inhabilitado por la Procuraduría para ocupar cargos públicos, por el término de 15 años.

Según el medio nacional, la CIDH le da un tiempo prudencial al Estado colombiano para que modifique su ordenamiento jurídico interno.

De acuerdo a lo que publica El Tiempo, la Corte Interamericana determinó que en el proceso disciplinario seguido contra de Petro, liderado por Alejandro Ordóñez, se violó el principio de jurisdiccionalidad y la garantía de imparcialidad.

Además de una reparación integral, el Estado, con dinero de los colombianos, deberá pagarle a 10 mil dólares de reparación, más 18 mil dólares de gastos del proceso.

El Tiempo aclaró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le ha notificado a Petro sobre este fallo ni tampoco el actual senador se ha pronunciado al respecto, sobre esta publicación del medio de comunicación.

Eso sí, el 'jalón de orejas' de la Corte internacional fue mucho mayor de lo que se pensaba. El diario nacional agrega que la Nación debe garantizar la no repetición de una situación como esta, cambiando su ordenamiento jurídico interno.

La decisión de Ordóñez salió cara y con regaño incluido.